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Caducidad y multas arriesgan propietarios de derechos de aprovechamiento. Desde Socabío y asociaciones de regantes piden extender fechas.
La ley N°21.435 promulgada el 6 de abril de 2022, establece plazos que debe cumplir tanto la Dirección General de Aguas (DGA), como los usuarios y usuarias de las aguas. Lo anterior, explican desde el organismo estatal, con el objeto de “velar por el equilibrio y armonía en el uso de las aguas terrestres, fomentando y fortaleciendo su gobernanza, resguardando su preservación y disponibilidad en calidad y cantidad para un desarrollo sostenible, cuidando a las personas y mejorando su calidad de vida”.
Efectivamente, el Código de Aguas actual ya tiene un año de vigencia, e incluye obligaciones cuyos plazos se cumplen este 2023 para los titulares de derechos de agua. Asimismo, la DGA está generando instructivos para hacer cumplir estas tareas.
Fue, precisamente, ese tópico el que fue abordado por el abogado Socio de Vergara y Cia, Gonzalo Muñoz, para los socios de Fedefruta, cuyo gerente general, Juan Carlos Sepúlveda recordó que Chile lleva trece años de sequía, “lo que produce un tremendo cuello de botella que nos obliga a resolver asuntos que van desde el riego propiamente tal, hasta aspectos legales a partir del nuevo Código de Aguas, cuyas modificaciones rigen desde hace ya un año. Este 2023 ya están venciéndose plazos y la Dirección General de Aguas (DGA) está emanando instructivos para cumplir con los distintos reglamentos, para lo cual necesitamos apoyo en información para nuestros asociados y el mundo del agro en general”, acotó.
Lo urgente
El abogado Gonzalo Muñoz, sostuvo que en cuanto a los plazos de los artículos transitorios que modifican el Código de Aguas, lo primero es regularizar la inscripción de aprovechamiento de agua ante el Conservador de Bienes Raíces, ya que de lo contario, advirtió, el derecho se extingue. Hay excepciones, aunque en esos casos específicos, igualmente, se arriesgan a altas multas. El plazo vence en abril de 2027, enfatizó. Esto corre para los propietarios que por alguna razón no lo han hecho, o bien, cuando la propiedad del derecho haya cambiado.
“No hay que olvidar que el derecho debe estar perfeccionado, es decir, especificando aspectos técnicos como caudal, si corresponde a un derecho consultivo o consuntivo”.
Cabe explicar que este paso es requisito para todo tipo de tramitación frente a la DGA, como cambios en los puntos de captación, por lo que el abogado instó a comenzar con el proceso de inscripción.
Asimismo, este 6 de octubre vence el plazo para aquellos derechos de aprovechamiento ya constituidos frente a la autoridad, de lo contrario arriesgan caducidad, lo cual es mucho más grave aún. Hay excepciones respecto a comunidades agrícolas y servicios sanitarios rurales, aunque igualmente arriesgan multas que van desde las 50 a 100 UTM, explicó el abogado.
Lo otro importante, destacó Muñoz, es la conformación de las comunidades de aguas subterráneas, cuyo plazo venció el pasado seis de abril para las denominadas zonas de prohibición y restricción, y cuya conformación está retrasada por u porcentaje no menos, informó el abogado, lo que tiene a la DGA con solicitudes de cambios de puntos de captación paralizadas, precisamente, por no estar conformada la comunidad en cuestión, advirtió.
“El llamado es a promover la formación de comunidades, ya que esto busca un mejor aprovechamiento del acuífero y se regule mejor su uso”.
También es importante atender el riesgo de caducidad de los derechos de agua, introducido en este cambio al Código el año pasado.
“Opera en el caso de no uso, es decir, que no existan las obras que permitan captar las aguas y llevarlas a la zona de uso. Y, para los derechos no consuntivos, que existan la sobras que les permitan devolverlas a su fuente natural”.
Mayores plazos y apoyo estatal
Consultado el presidente de la Sociedad Agrícola del Biobío (Socabío), José Miguel Stegmeier, cómo ha sido este año de implementación y cumplimiento de obligaciones emanadas de los cambios realizados al Código de Aguas, el personero reconoció que ha sido un tema complejo, y desde ya, estimó que se hace necesario mayores plazos, sobre todo pensando, dijo, en los pequeños agricultores que no han alcanzado a tener sus derechos de aprovechamiento de aguas regularizados ante el Conservador.
“Se necesita un plazo bastante mayor. Lo hemos ido planteando, ya que no sólo aplica a aguas superficiales sino también a subterráneas. Está el tema de la instalación de los caudalímetros, por ejemplo. Es por eso que buscamos, atendiendo el espíritu de la Ley, contar con más tiempo”.
Sobre el tema de fondo, Stegmeier sostuvo que esperan que se asiente el nuevo Código, toda vez que comienzan a discutirse nuevos cambios al alero del proceso constitucional.
“Lo que más necesitamos hoy son certezas sobre la forma de cómo regar en adelante”.
Sobre las claves a atender, tomando en cuenta eventuales discusiones de cambios al Código de Aguas, Stegmeier explicó que se debe entender que el agro busca surtir de alimentos, nada relacionado con especulaciones ni otras líneas de negocio, lo cual es clave para cualquier discusión futura.
“Estos cambios deben ir acompañado de inversión pública, que acompañe al proceso, porque nosotros no tenemos la capacidad de construir embalses, lo cual es necesario dada las actuales circunstancias climáticas. Cada vez tenemos menos disponibilidad en especial en las partes altas de las cuencas, lo que pone en riesgo la capacidad de riego para producir alimentos”, estimó el representante de la Socabío, José Miguel Stegmeier.
En tanto, el gerente de la Asociación de Canalistas del Laja, Héctor Sanhueza, si bien dijo apoyar los cambios introducidos al Código de Aguas, reconoció que los plazos son bastante acotados.
“Estamos asesorando en lo que concierne a la regularización de los títulos, que es una acción individual de cada socio. Y como asociación estamos realizando las inscripciones ante la DGA representando a nuestros 2.200 asociados. Hay que entender que este es un trabajo de actualización de información, lo que encuentro es muy positivo para la gestión del recurso a futuro”, planteó Sanhueza.
El representante de los regantes del Laja también mostró su preocupación ante algunas ideas que rondan que buscan nuevos cambios.
“No ha habido tiempo suficiente para concretar los cambios introducidos hace un año, y ya se habla de otros nuevos. No me parece, eso trae incertidumbre y es un despropósito toda vez que aún no se asienta el nuevo Código”, estimó en la misma línea de José Miguel Stegmeier de Socabio.
