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Se celebra el compromiso de 193 países por cuidar el mar más allá de la zona económica exclusiva.
Luego de extensas jornadas de negociación que se extendieron por más de dos semanas en Nueva York, los estados miembros de la Convención de las Naciones Unidas acordaron un nuevo hito en materia del tratado internacional sobre conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en áreas más allá de la jurisdicción nacional (Bbnj por su sigla en inglés), el que implementará herramientas de gestión en zonas de alta mar, incluidas algunas actividades humanas y Áreas Marinas Protegidas.
En ese sentido, la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca F.G), destacó el compromiso por avanzar y culminar con un proceso de casi dos décadas orientado a reforzar la Convención de la ONU sobre el Derecho del mar, actuando en las brechas que no habían sido tratadas en el acuerdo original.
Para la federación, este tratado tiene un papel fundamental en la protección y uso sostenible de las áreas marinas de alta mar, ya que aprovecha el éxito de las Organizaciones de Ordenamiento Pesquero (Orop).
El gerente de Sonapesca, Héctor Bacigalupo, explicó que lo más destacable del acuerdo de Bbnj tiene que ver con: “la aclaración y respeto de las competencias de los actuales instrumentos internacionales que regulan la pesca (Convemar, el acuerdo de Nueva York sobre poblaciones transzonales) y las Orop, en lo que respecta al ordenamiento pesquero y protección del medio ambiente en sus áreas de competencia, que viene a reconocer el rol de estos órganos de administración pesquera a través de las herramientas de gestión que aplican. De esta forma, este nuevo acuerdo no se interpone con el alcance y mandato de las Orop y servirá para regular otras actividades y proteger áreas vulnerables”.
Cabe recordar que las Orop tienen competencias científicas y de control, que permitirán adoptar las mejores decisiones para el área de su competencia, pero además la participación de los interesados, lo que a la fecha ha generado los buenos resultados obtenidos.
“La pesca es una de las actividades más reguladas en alta mar y permite dar cuenta, en base a ejemplos que hay pesquerías y ecosistemas que pueden bien gestionados y protegidos. Un ejemplo de ello es la Orop del Pacífico Sur, que ha favorecido a la salud de la biomasa del jurel, de hecho en Chile el recurso en 2022 ha tenido una recuperación del 392% si se compara con el estado de la biomasa en el 2013, año en que la pesquería se encontraba sobre explotada. Ello, permitió que alcanzara el nivel objetivo del Rendimiento Máximo Sostenible. Las Organizaciones de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur tiene un comité científico integrado por 15 países, y un comité de control y seguimiento, que generan una gobernanza que permite un buen ordenamiento pesquero”, concluyó Bacigalupo.
Meta de 30% de protección del océano al 2030
Consultada la directora de Oceana en Chile, Liesbeth van der Meer, destacó que el Tratado es la culminación de una discusión que se ha prolongado por más de 20 años sobre cómo se va a normar la protección en altamar, es decir, fuera de las 200 millas náuticas que cada país tiene como zona económica exclusiva.
“Hoy, existe muy poca regulación en esta materia, sobre todo pensando que casi dos tercios de los océanos corresponde a altamar, lugar por donde migran muchas especies. Hay ciertas cosas que todavía tienen que definirse, pero al menos existe consenso de 193 países en que se debe regular y proteger la altamar”.
Liesbeth van der Meer recordó que existe la meta de proteger el 30% del océano para 2030, logro que podría cumplirse si se avanza de manera efectiva y los países ratifican este tratado.
“Hay que tener presente que la mayor biodiversidad se encuentra dentro de las 200 millas que cada país tiene, por lo cual sigue siendo importante promover la protección de las zonas costeras. Sin embargo, en altamar hay zonas que son igualmente ricas. Un ejemplo es la cordillera de Nazca, por donde transitan especies como tiburones, atunes, jureles, entre muchas otras y que resguarda una gran biodiversidad. Creemos que uno de los proyectos más interesantes de protección en altamar es la cordillera de Nazca, que se extiende desde Rapa Nui hasta llegar a Perú”.
Por su parte, la directora ejecutiva de Fundación Meri, Sonia Español, celebró los principios que consagra este tratado.
“Nos parecen esenciales para avanzar hacia la meta del 30×30, en aguas internacionales, tales como quien contamina paga; la libertad de investigación científica marina, junto con otras libertades de alta mar y el de mantener un enfoque integrado de la gestión de los océanos. Nos parece muy positivo, también, que, tras años de debates, se establezcan en este documento distintas maneras y herramientas para llegar a acuerdos, que agilicen la toma de decisiones en materia oceánica, como por ejemplo la existencia de quórums elevados en cada propuesta y que la Conferencia de las Partes se haga cargo de la decisión final”.
Sin embargo, planteó Sonia Español, este documento también genera interrogantes y, con eso, oportunidades necesarias de abordar. Se requiere avanzar, dijo, en la formulación de propuestas concretas que permitan no sólo declarar sino gestionar las Áreas Marinas Protegidas. Y en eso, la ciencia y la tecnología, así como la concurrencia del sector público, privado y la sociedad civil, cumplen un rol clave, enfatizó quien dirige la fundación que se dedica a la investigación científica y educación ambiental, en vinculación con las comunidades, al servicio de la conservación de ecosistemas.
