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Cámara de Diputados rechazó Reforma Tributaria del Gobierno

  • Uno de los proyectos más emblemáticos de este gobierno, la Reforma Tributaria, sufrió un duro revés ayer en la Cámara de Diputados, constituyéndose en una derrota, en particular, para ministro de Hacienda Mario Marcel, principal impulsor de la iniciativa que buscaba a través de ésta, financiar las reformas estructurales comprometidas en el programa de gobierno, como por ejemplo el aumento de la Pensión Garantizada Universal a $250 mil.

Después de ocho meses desde que la iniciativa ingresara a la Cámara la iniciativa no logró ver la luz y terminó siendo rechazada la idea de legislar en general y por un estrecho margen; con 73 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones y, dado que los votos en contra y las abstenciones suman más que los votos a favor no logró la mayoría suficiente no se podrá presentar en un año más.

Los gremios productivos coincidieron en que la iniciativa no incentivaba el ahorro y la inversión, factores claves para el impulso de la  actividad económica y la creación de empleo, que es lo que justamente el país requiere. 

El presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos y Metalmecánicos (Asimet), Dante Arrigoni, señaló que la decisión de la Cámara de Diputados de rechazar el proyecto de Reforma Tributaria del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, “es un nuevo ejemplo de que las grandes reformas que necesita Chile deben contar con el más amplio consenso”.

El timonel del gremio manufacturero consideró que este revés para el Gobierno es similar a lo que aconteció con el rechazo a la propuesta de nueva Constitución, “que fue redactada sin contar con acuerdos mayoritarios y dejando de lado las posturas de amplios sectores de la sociedad”.

 

BUSCAR ACUERDOS 

En ese sentido, sostuvo que la decisión de la Cámara de Diputados puede ser la ocasión de buscar acuerdos más amplios en materia tributaria. “Como gremio esperamos sinceramente que las autoridades de Gobierno tomen este resultado como una oportunidad para llegar a consensos más amplios antes de enviar los proyectos al Congreso”, y agregó que este episodio debe servir como ejemplo para futuras iniciativas que deben ser votadas, como la reforma previsional y la ley de 40 horas.

Desde la Cámara de la y del Comercio del Biobío, CPC Biobío, aseguraron que el proyecto no se hacía cargo de los desafíos que enfrenta el país y solo estaba enfocada en generar una mayor recaudación. 

Álvaro Ananías, presidente de la multigremial, sostuvo que lo que Chile necesita es una reforma que se oriente en la inversión, el crecimiento y el , sobre todo el de las regiones y, en cómo fomentamos el emprendimiento, el escalamiento de compañías que nacen, crecen y pueden internacionalizarse. En ese sentido, la reforma tributaria no estuvo enfocada en el desarrollo de la mediana empresa en Chile y eso es fundamental para el crecimiento  económico”, dijo.

Asimismo,  afirmó que hay diversos aspectos que deben ser considerados en una próxima propuesta acorde a los tiempos que enfrenta el país, como por ejemplo la informalidad, mejorar la calidad del empleo, la inversión pública, y en regiones y, en definitiva, entender que justamente es el desarrollo económico el que va a mejorar la calidad de vida de las personas. 

“Ahora es un momento duro para la economía chilena, una economía que ahora mismo está́ en un proceso de necesariamente requiere un incentivo hacia la inversión y de cómo está planteada la reforma tributaria en el momento en que estamos iba a ser una reforma que iba a profundizar el momento recesivo que está viviendo la economía chilena”, aseguró el líder gremial del Biobío.

 

EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO

En esa misma línea el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, había señalado que «una reforma tributaria que no promueve el ahorro y la inversión es difícil que logre avanzar. Entendemos el objetivo de recaudar más recursos para cubrir necesidades sociales, pero eso no se puede hacer a costa de gravar el ahorro y la inversión, perjudicando el crecimiento y la generación de empleos». 

Mientras que el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Juan Armando Vicuña, indicó que «se rechazó un proyecto que partía de un supuesto a nuestro juicio equivocado, como es que los recursos para mejorar la calidad de vida de las personas pueden obtenerse a partir de una reforma tributaria enfocada en gravar el ahorro y la inversión».

Comentó además que, para aumentar el nivel de la calidad de la vida de la ciudadanía, el camino pasa por «facilitar el desarrollo de las inversiones en curso y atraer nuevas inversiones, además de elevar la eficiencia del gasto público y aumentar la formalidad. Esto permitiría no sólo impulsar la actividad económica y que haya más y mejores empleos y oportunidades, sino también incrementar los ingresos fiscales, de modo que se puedan satisfacer legítimas demandas, entre ellas el sueño de la casa propia», complementó. 

Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), manifestó que es «necesario que las discusiones en torno a la carga tributaria pongan como prioridad el crecimiento, para lo cual se requiere certeza jurídica, una carga tributaria adecuada y condiciones que permitan la atracción de inversiones».

 

CONVENCIMIENTO TRANSVERSAL

Cristián Allendes, Presidente de la Sociedad Nacional de (SNA), declaró que «en esta votación primó el convencimiento transversal de que Chile necesita una reforma tributaria que promueva la inversión, el crecimiento y el desarrollo del país y su gente» y, agregó que «con un escenario económico desafiante, debido a años de decrecimiento y una eventual recesión, esperamos que en el proyecto de reforma tributaria que se trabaje en el Congreso prevalezca la responsabilidad fiscal, el buen uso de los recursos y una correcta implementación».

El proyecto contemplaba la recaudación del 0,6% del PIB para 2023; pero se ajustaba en cinco décimas el 2024, el 1,4% del PIB; en la misma magnitud en 2025, a 2,7% del PIB; y luego en seis puntos porcentuales a 3,5% en 2026. El régimen se concretaría en 2027.