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Viviana Véjar, Profesora investigadora Faro UDD
El fallo de la Corte Suprema, de dejar sin efecto la tabla de factores que usaban las Isapres para determinar sus precios, vino a concluir un proceso que comenzó en el año 2010. La declaración de inconstitucionalidad de este mecanismo se estableció en base a la supuesta discriminación arbitraria entre personas con un mismo plan de salud. Esto, iría en contra de la igualdad ante la ley y de la garantía constitucional del acceso universal a los servicios de salud, independiente de su género, edad o condición socioeconómica. Sin embargo, con o sin tabla de factores, la garantía constitucional se da cumplimiento en cuanto el Estado subsidiario pone a disposición un sistema de salud público. Pareciera ser que la verdadera causa de inconstitucionalidad no es la existencia de un sistema de salud privado que determina sus precios bajo ciertos mecanismos, sino la profunda desigualdad en la calidad de las prestaciones del sistema público frente al privado, en condiciones en que el gasto entre usuarios de Isapres y de Fonasa es casi el mismo, cerca de 500 mil pesos anuales por persona.
La Superintendencia de Salud autorizó el alza de precios de los planes de Isapre con un máximo de 7,6% para el bienio 2022/2023, mientras que la inflación del año 2022 fue de 12,8%, por lo que el alza de precios no alcanza para cubrir la pérdida del poder adquisitivo. Además, el shock de la pandemia elevó los costos operativos no solo para las Isapres sino también para Fonasa, que está sujeta a las mismas reglas del mercado, ya que debe financiar el aumento explosivo tanto de las hospitalizaciones por Covid como del pago de las licencias médicas. Los legisladores se verán en la obligación de aumentar el presupuesto que se destina a la salud pública; pero como no pueden establecer una tabla de factores o cobrar un precio mas alto por sus prestaciones, lo harán por medio de reformas tributarias que aumentan los impuestos. En definitiva, los usuarios de Fonasa, que tampoco acceden en forma gratuita a todas las prestaciones que ofrece la salud pública, ahora están “solidariamente obligados” a pagar impuestos mas altos, para financiar las pérdidas acumuladas de un sistema que entrega, salvo algunas excepciones, un servicio de menor calidad.
La judicialización del problema entre la Superintendencia de Salud y las Isapres terminó en una crisis que está afectando a todos los chilenos. La ineficiencia que caracteriza al sector público se evidencia también en el sistema de seguridad social. La diferencia es que los administradores públicos no responden ante los contribuyentes respecto de su gestión, y, por lo tanto, los recursos económicos, que una vez fueron propiedad de los contribuyentes, pasan a ser un bien público. La gestión del gasto fiscal se parece más a la figura de un saco sin fondo, en la que ningún gobierno cuenta con la responsabilidad social suficiente para no comprometer la actividad económica de las generaciones futuras.
