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La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, sostuvo que la articulación intersectorial es vital para lograr los objetivos de mitigar los efectos del cambio climático, disminuir contaminación y frenar la pérdida de biodiversidad.
El Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) realizaron una jornada de socialización con funcionarias y funcionarios de las tres instituciones sobre las estrategias de implementación en Chile del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y la Justicia de Asuntos Ambiental en América Latina y el Caribe, también denominado “Acuerdo de Escazú”.
La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, recordó que a nivel global el mundo enfrenta una triple crisis: de cambio climático, de pérdida de biodiversidad y de contaminación. Para enfrentarlo, dijo la ministra, “es necesario impulsar una transición socioecológica justa que nos lleva a nuevas formas de desarrollo. El mejor modo para conseguirlo es con transparencia, participación e información. Los derechos de acceso que están en el corazón de la democracia ambiental son los que implementamos y resguardamos cuando nos referimos al Acuerdo de Escazú”, dijo.
La secretaria de Estado añadió que “a nivel nacional, la implementación plena y efectiva de Escazú plantea un compromiso con la protección de los Derechos Humanos y el medio ambiente a todo nivel. Y, en su base, exige un esfuerzo de coordinación y de articulación interinstitucional e interministerial y estas tres instituciones tienen un rol clave”, enfatizó, explicando lo clave de la jornada llevada a cabo la primera semana de 2023.
La directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán, comentó que “como parte de los nuevos lineamientos de la dirección ejecutiva del SEA para el período 2022-2026, hemos iniciado la incorporación progresiva el Acuerdo de Escazú en nuestra gestión. “El mejor ejemplo de aquello es la reciente creación del Departamento de Participación Ciudadana, Consulta Indígena y Evaluación del Medio Humano. Se trata de una instancia que surgió de un proceso al interior de la organización, con una participación de más de 70% de los funcionarios que fueron consultados, y que tendrá como uno de sus objetivos principales diseñar y ejecutar las acciones pertinentes para la implementación de Escazú, en el marco de la evaluación ambiental”.
¿Cómo se aplica en el SEA?
Valentina Durán explicó que con medidas de gestión: “Promoviendo activamente la mejora continua de nuestros procesos de participación ciudadana, consulta indígena y reuniones preliminares con pueblos originarios, por ejemplo: facilitando anticipadamente calendarios y cronogramas; mejorando prácticas de uso del lenguaje simple y claro; revisando las estrategias de defensas jurisdiccionales, a fin de facilitar el acceso a la justicia. También actualizando continuamente los expedientes y promocionando los monitoreos participativos”.
Por su parte, la Superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, explicó que el organismo se encuentra en buen pie, dado que en la creación de la SMA en 2010 se establecieron altos estándares de transparencia, especialmente entre los artículos 31 al 34 de la Ley 20.417, donde se establece el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA).
“En ese momento se buscaba establecer un acceso al sistema de información para que los ciudadanos pudieran acceder a la información que los afecta o los pudiera afectar. En eso hemos progresado, pero hay evidentemente brechas y oportunidades de mejora, como el avanzar hacia un lenguaje claro, comprensible, a lo que debemos avanzar en el trabajo con el Ministerio, el SEA y la SMA.
¿Qué dice el empresariado en Biobío?
El representante del empresariado de la Región del Biobío, el presidente de la CPC Biobío, Álvaro Ananías, aseguró que como gremio están alineados con todas las normativas que velen por el cuidado del medio ambiente y relación con la comunidad y los territorios.
“En el sentido de ir implementando nuevos acuerdos como el de Escazú, nos parece muy preocupante, ya que nos parece importante antes de implementarlo, el cómo redefinir como se desarrolla el sistema de admisión ambiental. Porque hoy es ampliamente aceptado y reconocido que éste no está alineado con los tiempos que necesitan s proyectos para ser desarrollados. Nos parece que junto con atender lo relacionado a su aplicación de Escazú, debe haber una preocupación del Gobierno muy fuerte en el sentido de revisar todo el procedimiento y la permisología que tiene que ver con la implementación de iniciativas de inversión. Es cierto que hay que preocuparse del medio ambiente, pero no es menos ciertos que hay que preocuparse del desarrollo, de la calidad de vida y de los trabajos de las personas”.
Importancia de Escazú
La profesora de Derecho Internacional y doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la UdeC, Paulina Astroza, explicó en su oportunidad que el tratado de Escazú es el único acuerdo multilateral de América Latina que dice relación con la justicia ambiental, con la participación, la transparencia y el acceso a la justicia ambiental. La idea, explicó, es que los países actualicen su legislación a estándares más altos en cuanto a estas materias y en relación a proyectos de inversión o cualquier actividad que afecte al medio ambiente.
Por su parte, el director del Centro de Ciencias Ambientales Eula, Ricardo Barra, explicó que el Artículo 7 aborda las condiciones de participación.
“En realidad no es muy diferente a las actuales formas de participación de la comunidad en los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental, pero se indica en forma específica el respeto a los derechos humanos y de los pueblos indígenas. En particular, de las comunidades vulnerables ante proyectos de desarrollo podrían amenazarlos. Lo que hace el texto del Acuerdo es garantizar la entrega de información oportuna y el derecho de la ciudadanía a participar en los procesos de toma de decisiones, presentando observaciones por medios apropiados y disponibles. Así, la autoridad se obliga a explicar que la decisión tomada, cualquiera sea esta, considera los resultados del proceso de participación ciudadana”.
Cabe precisar que en la actualidad, el Ministerio del Medio Ambiente está trabajando para impulsar los estándares de Escazú transversalmente a lo largo del Estado y difundirlo entre “todas y todos los habitantes del país”, se aseguró desde la entidad.
