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Medida parte desde el 1 de enero, pero el gobierno no está dispuesto a prorrogar su entrada. Experto criticó que el Congreso apruebe cosas sin saber las consecuencias.
Abogados, oficinas de contabilidad, empresas de construcción, periodísticas y firmas publicitarias, entre otras, deberán a partir del 1 de enero próximo, por ley, pagar IVA a servicios, algo que ha generado molestia entre los gremios y otras asociaciones nacionales, quienes están pidiendo la postergación de esta medida.
Al respecto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo, según consignó Emol, que aparte de llamar la atención de que a última hora se esté pidiendo postergación, especialmente de profesionales que deberían, por su propia naturaleza, estar bien enterados de cuando entran a regir las leyes, lo que hicimos fue canalizar nuestro equipo tributario todos los antecedentes que llegaron».
Junto con ello, Marcel recalcó que el Servicio de Impuestos Internos (SII) «en meses pasados envío cientos de miles de correos anticipando que venía esta norma, y tiene previsto una modalidad de implementación que va a permitir que al menos durante todo el primer semestre, quienes no estén suficientemente preparados, tengan la oportunidad para hacerlo».
Verdaderos efectos
Al respecto, Álvaro Moraga, socio de Moraga y Cïa, afirmó que esta normativa es una nueva muestra de cómo el Parlamento aprueba reformas sin conocer los verdaderos efectos que estas pueden tener. De hecho, sostuvo que el aplicar el IVA a determinados servicios lo único que hará es encarecerlos, de la mano del aumento del 19% de los mismos que se van a terminar traspasando a los usuarios.
“Por eso, es dable que esta coyuntura permita que el Congreso pueda entender, ahora que está tramitando una reforma tributaria, que no se trata solamente de incorporar elementos recaudatorios si es que no van de la mano con una correcta y una moderna política fiscal», afirmó.
Agregó que «en general a nadie le gustan los impuestos, pero nadie puede desconocer que cuando estos tienen una finalidad que permite que haya una mejor administración nadie se va a negar. Acá se habla que estos impuestos van a ir a la Pensión Garantizada Universal, sin embargo, no hay nada que lo garantice”.
Sumó que van a ir a un fondo común y nadie puede realmente asegurar que esta nueva recaudación va a lograr financiar esta pensión. “Esto recuerda a la reforma Bachelet-Arenas donde se aumentaron los impuestos con una promesa de recaudación, pero lo único que se hizo fue erosionar la base sobre la cual se recaudan los impuestos con la cual se recaudaron mucho menos. Por lo tanto, es lamentable lo que está sucediendo y espero que esto pueda servir de lección”, remarcó.
En el plano político, el diputado Jorge Alessandri presentó un proyecto de ley que busca prorrogar la entrada en vigencia del IVA a los servicios, esto porque “resulta evidente que ante una situación económica tan compleja como la que se ha vivido este año, es necesario revisar ciertas decisiones desde el punto de vista económico que impactan de manera directa en las personas, siendo el pago de impuestos una de ellas. Además, no parece razonable que se proponga por la vía de impuestos, aumentar la recaudación del Estado, lo cual debiese ser lo propio del mayor crecimiento que tampoco se advierte”.
Por todo lo anterior, “es fundamental que al menos para el año 2023 los servicios profesionales mantengan la exención tributaria que tenían y que cuenten con al menos un año más para poder preparar el aumento en la carga tributaria que deberán asumir”, destacó el jefe de bancada gremialista.
Acciones ya
Por su parte, la diputada independiente por el Biobío Francesca Muñoz sostuvo que «para nosotros es relevante tomar acciones ya, porque se está afectando específicamente a la clase media, a los sectores que necesitan el apoyo del Gobierno precisamente en estos momentos difíciles que estamos viviendo como país, donde estamos lamentablemente con una tremenda inflación, donde la canasta básica está llegando a un 27% anual, lo cual son señales que indican que nuestro país está asfixiado y ahogado económicamente. En ese contexto, es donde volvemos a insistir, estamos pidiendo que se prorrogue la entrada en vigencia de este proyecto que afecta directamente a los profesionales que dan prestaciones, pero también a las instituciones religiosas, y otras instituciones, que entregan servicios a la comunidad».
Finalmente, la parlamentaria Marlene Pérez manifestó que “de forma transversal, estamos solicitando al Gobierno conciencia de que hoy estamos viviendo una crisis y no puede castigar a una clase media que se ha visto tremendamente afectada. Hoy se está pensando en tomar medidas de ayuda para los más vulnerables, pero el Ejecutivo tiene que comprender que la clase media se ha visto afectada y muchos profesionales con esta entrada en vigencia del cobro de IVA en sus servicios, evidentemente, se van a ver más complicado aún”.
