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Estudio del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) concluye que la región sufre una relación adversa entre población y producción. Su PIB pp es del orden de US$11.000 anuales, por debajo del promedio país, y el 13,2% de la población vive en condiciones de pobreza.
El Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) dio a conocer este viernes un reporte en el que analizó las cifras destinadas por el gobierno central en los últimos 12 años con el objetivo de entregar antecedentes que permitan optimizar la distribución de los recursos y generar un diálogo sobre las prioridades de la inversión regional.
En dicho período, 2010-2021, se invirtió un total de US$65.000 millones, con un promedio anual de US$5.400 millones, mientras que en los últimos tres años, 2019-2021, sumó apenas $18.575,2 millones.
La inversión en infraestructura pública corresponde a todas las obras civiles y su equipamiento que permiten entregar algún servicio de uso público a los habitantes del país, como, por ejemplo, carreteras, hospitales, aeropuertos, escuelas o plazas, no considerando aquellas que son de uso privado, como lo son los subsidios a la vivienda u otros similares.
Este reporte se concentra exclusivamente en la inversión del gobierno central que es posible regionalizar. Para ello se utilizó información pública disponible de la Contraloría General de la República (CGR) y de la Dirección de Planeamiento (Dirplan) del Ministerio de Obras Públicas.
Información regionalizada
“La información no es tan completa y detallada como sería deseable, ya que hay varios ministerios para los que no se dispone de datos que muestren su inversión por región. Con todo, es posible llegar a regionalizar un 86,4% de la inversión del gobierno central”, explica el director ejecutivo del CPI, Carlos Cruz.
Las instituciones que sí tienen regionalizada su inversión y, por tanto, formaron parte del reporte son los ministerios del Interior (separado de Subdere), Salud, Vivienda, Obras Públicas, además se considera de manera separada Subdere (por su importancia relativa) y el Tesoro Público. Así, quedan fuera los demás ministerios y la inversión que realizan las empresas públicas, como el Metro y EFE. Tampoco se incluyó las obras a través del sistema de concesiones ni la inversión privada.
Sobre la distribución por habitante, el estudio evidenció que en el período 2019-2021 -con Ñuble ya incorporada como nueva región- las que registran mayores recursos en promedio anual son zonas extremas como Aysén ($1.292.295), Magallanes ($1.038.343) y Arica y Parinacota ($707.784). En cambio, la Metropolitana ($74.924), O'Higgins ($168.175) y Biobío ($215.904, de los $ 223.768 del periodo 2010-2018), son las que registran la menor inversión.
El estudio del CPI, precisa que la inversión pública no guarda estricta relación con la producción que generan las regiones. Así, la Metropolitana, que explica el 40% del PIB nacional, sólo recibe el 13% de la inversión pública destinada a regiones. Otro caso es Antofagasta que aportando el 10,1% del PIB del país, capta sólo el 4,2% del total.
Inversión versus pobreza
En la situación inversa se encuentran regiones que representan porcentajes menores a la producción nacional -como Los Ríos, La Araucanía o Maule- pero que proporcionalmente reciben más inversión. En otras palabras, de las 16 regiones del país 13 reciben más inversión de lo que proporcionalmente aportan al PIB nacional.
Sin embargo, otra conclusión es la correspondencia entre los recursos invertidos y la tasa de pobreza de las regiones. “El análisis que realizamos muestra que la relación está por debajo en ocho de las 16 regiones. Es decir, los niveles de inversión en esas regiones no tienen relación con la pobreza”, afirma Carlos Cruz.
En este sentido, agregó que un criterio que consigna consenso es que la inversión pública a futuro se dirija a las regiones con mayores índices de pobreza con el objetivo de reducirlos.
Ranking
Según el informe las regiones que recibieron más recursos entre 2010 y 2021 fueron la Metropolitana, Biobío, Los Lagos y Valparaíso. “Posiblemente, esto no siga en los próximos años para el caso de Biobío, puesto que desde que se separó en 2019, la Región de Ñuble ha demostrado una capacidad de atraer inversión del Gobierno Central en montos crecientes”, señala en el documento.
Las regiones que menos inversión han recibido son, en general, las del Norte Grande: Tarapacá, Arica y Parinacota y Atacama, en ese orden, todas con menos de US$3.000 millones en los 12 años considerados, seguidas de Aysén y Magallanes.
Así, las regiones que más inversión pública anotan son las del Centro y Centro-Sur. Antofagasta, principal zona minera, registra cifras similares a las del centro del país.
Región del Biobío
La Región de Biobío sufre de una relación adversa entre población y producción. La población de la región, algo más de 1,6 millones de habitantes, representa el 8,5% de la población nacional. Sin embargo, su producción es equivalente a sólo un 6,4% del PIB nacional. El resultado es que tiene un PIB per cápita del orden de US$11.000 anuales, por debajo del promedio nacional, y que el 13,2% de la población de la región vive en condiciones de pobreza.
El indicador de inversión en infraestructura pública, el porcentaje de los caminos que están pavimentados, es de 31%, entre los más bajos del país. El porcentaje de población urbana es de 89% y la concentración de población en grandes ciudades es de 58%. Ambos indicadores mejores que los de Ñuble.
Al analizar la inversión pública en infraestructura en la región de Biobío parece conveniente distinguir tres períodos. El primero que cubre los años 2010 a 2015, el segundo que se refiere a los años 2016 a 2018 y el tercero, post separación de Ñuble, que abarca los años 2019 a 2021.
El primer período tiene una cierta estabilidad en cuanto a los montos de inversión pública con un promedio anual de US$664 millones. Las variaciones anuales dependen básicamente de las fluctuaciones en los montos invertidos por el MOP, el Minsal y, en este caso, de las fuertes transferencias de la Subdere.
El segundo período está marcado por una tendencia decreciente de la inversión pública en la región, con un promedio anual de inversión de US$523 millones. La tendencia decreciente se explica principalmente por la disminución persistente de la inversión del MOP, Minsal y el Minvu.
En el tercer período, esto es luego de la separación de Ñuble, el total de inversión pública en Biobío disminuyó en promedio en US$50 millones anuales. Sin embargo, si se consideran las dos regiones después de la separación de Ñuble, el monto total aumentó entre 2018 y 2021 en nada menos que US$250 millones. Como la inversión pública en Biobío disminuyó en casi US$10 millones entre el 2018 y 2021, el gran ganador fue la región de Ñuble que obtuvo inversiones que no habría obtenido sin la separación de las regiones.
MOP y Minsal lideran
En cuanto a las reparticiones públicas que más inversión destinan a infraestructura a nivel país son el MOP, que representa un 37% del total durante el período 2010-2021. Lo sigue en importancia el Minsal con poco más de 17%.
“El esfuerzo de inversión del Minsal es menos estable en el tiempo que el MOP y registra variaciones de más de diez puntos porcentuales entre 2013 y 2019. Posiblemente, esto se deba a los cambios en las políticas de inversiones de dicho ministerio que, dependiendo del gobierno, ha optado por inversión directa o por concesiones”, detalla el sociólogo y coautor del reporte, Ignacio Corcuera.
El Ministerio del Interior (sin Subdere) es el tercer gran inversionista del Gobierno y ha representado en promedio un 14% de la inversión de las instituciones bajo análisis. La Subdere, que al principio del período era uno de los grandes inversionistas, por la vía de transferencias, con cerca de 17% del total, ha ido perdiendo importancia y al final del período representaba menos de 5%. “Esa disminución de importancia relativa ha sido compensada en parte por la aparición de la Tesorería como vehículo de transferencias a las regiones, a partir de la creación de las gobernaciones”, finaliza Corcuera.
