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A mediados de agosto, la SMA ordenó medidas «urgentes y transitorias» en medio de la investigación de las causas que generaron el enorme agujero de 36,5 metros de diámetro en la comuna de Tierra Amarilla.
El regulador ambiental chileno informó el jueves que formuló cuatro cargos contra la minera Ojos del Salado, filial de la gigante canadiense Lundin Mining, por el socavón de más de 60 metros de profundidad que apareció en Tierra Amarilla, Región de Atacama a finales de julio en un terreno cercano a la operación en el norte del país.
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) dijo que las principales faltas fueron sobreextracción de mineral y construcción de obras en zonas diferentes a las aprobadas en su permiso ambiental en la faena Alcaparrosa, ubicada a 900 metros al noroeste de la zona urbana de Tierra Amarilla lo que habría provocado el socavón ubicado a 200 metros por sobre el caserón «Gaby 4».
«La instructora del caso y la investigación de la oficina regional permitió vincular el socavón con la sobreextracción de mineral», dijo el superintendente Emanuel Ibarra, citado en un comunicado. «Este proceso sancionatorio se inicia luego de analizar toda la información recabada en terreno por el equipo de la Oficina Regional de Atacama de la SMA, información entregada por Sernageomin y la DGA, junto a los reportes entregados por la minera en el marco de Medidas Provisionales dictadas pocos días después de la aparición del socavón…
«Además, cuando ocurrió el evento comenzaron a filtrarse dentro de la mina grandes cantidades de agua desde lugares donde la empresa intervino más allá de lo considerado en la evaluación ambiental», agregó.
A mediados de agosto, la SMA ordenó medidas «urgentes y transitorias» en medio de la investigación de las causas que generaron el enorme agujero de 36,5 metros de diámetro en la comuna de Tierra Amarilla, a unos 665 kilómetros al norte de la capital chilena.
La sobreextracción fue calificada de grave, mientras que la modificación de la infraestructura minera sería ‘gravísima' ya que habría generado un daño ambiental irreparable en un acuífero. Además, se formularon dos cargos leves.
La empresa arriesga multas por más de US$ 13 millones, así como a la clausura o revocación de su permiso ambiental.
La canadiense posee un 80% de la propiedad, mientras que el 20% restante está en manos de las japonesas Sumitomo Metal Mining y Sumitomo Corporation.
