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Guillermo Troncoso Vidal, experto en reorganización
Por todos es bien sabido que este último tiempo ha sido muy duro para las empresas y personas a casi tres años de iniciado un período turbulento -con estado social, pandemia, proceso constituyente y la guerra de Ucrania- e inquietante para la economía nacional producto de los efectos de estas situaciones mencionadas. En este contexto de incertidumbre con una inminente recesión económica para el próximo año (entre -0,5 y -1,5%, según el Banco Central-), las medidas reactivas y correctivas implementadas por el Poder Ejecutivo e instituto emisor al parecer habrían llegado a su fin o esa es la información con la que contamos en la actualidad.
Una parte importante de estas disposiciones adoptadas tomadas por nuestras autoridades locales, más que atacar o solucionar los problemas que estaban sufriendo las empresas, sólo consiguieron postergar o aplazar la insolvencia sobreviniente que produce una contracción económica, dada por una reducción general en la producción de bienes y servicios en el mercado.
La suspensión de los pagos provisionales mensuales (PPM) del impuesto a la renta, la postergación del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del pago de contribuciones para empresas, por ejemplo, no solucionó nada. Lo mismo ocurre con el otorgamiento de los llamados créditos COVID que vinieron a ser empleados para solucionar diversos tipos de deuda propia del giro de las compañías, la cual hoy ineludiblemente hay que pagar. El fenómeno de la insolvencia se ha ido incrementando, advirtiéndose tan sólo un dinamismo en torno a la persona del acreedor.
En ese escenario, un procedimiento concursal de reorganización aparece como el único remedio eficaz para este enfermo grave, que por lo demás, debe necesariamente entrar vivo al “quirófano financiero”.
Cuando una compañía, independiente del rubro, mantiene signos vitales dados por la mantención de contratos en actual ejecución, pago de obligaciones laborales al día y deuda tributaria controlada, menos difícil resulta someterse a esta especie de procedimientos, donde por lo general, se consigue un período de gracia en el cual no se servirá deuda en mora con el fin de robustecer la caja de la empresa, una modificación considerable de la tasa de interés, un plan de pago diverso que se ajuste a la realidad actual en donde el factor “crisis” está incorporado en la ecuación e, incluso, una condonación parcial de la deuda.
Advirtiendo esa serie de beneficios, no debiese sorprendernos este aumento explosivo de la deuda reestructurada por empresas en reorganización en Chile, ya que subió un 83% en el primer semestre y los sectores más afectados son comercio y construcción, según informó el quinto Reporte de Insolvencia de Chile (RIC), trabajo en conjunto de Fix Partners Consulting, Castañeda Abogados y la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI).
Es clave que al momento de tomar esa decisión que va al alza en nuestro país, la compañía conozca con detalle en qué consiste, los beneficios, implicancias, pro y contras, etc. Además, es vital asesorarse y tener paciencia, pues el proceso puede durar entre seis y 18 meses.
Perspectivas inciertas
Finalmente si queremos proyectar si estos procesos concursales aumentarán de aquí a fin de año, esto dependerá de muchos factores tanto externos como internos. Entre los primeros destaco la economía mundial y la inminente recesión de las potencias mundiales, el precio del dólar, los combustibles, el riesgo de un conflicto bélico y el manejo de la pandemia. Internamente, el alto valor de la UF, la fuerte inflación que ya supera los dos dígitos y cómo se desarrolla la discusión constituyente post plebiscito de salida del 4 de septiembre. Estos elementos marcarán la pauta para gatillar o no una eventual explosión de este tipo de procedimientos en Chile.
