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64% de los encuestados opina que la creación de empresas públicas debería ser en un marco de igualdad de condiciones con las empresas privadas. Asimismo, un 68% considera que el Estado debería otorgar derechos y concesiones para el uso del agua, en lugar de autorizaciones administrativas.
La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) junto a CADEM realizaron durante las últimas semanas diversos sondeos de opinión sobre algunos de los contenidos de la propuesta constitucional que se votarán el 4 de septiembre, buscando entender las distintas visiones de los ciudadanos sobre estas temáticas.
Entre los temas destacados en las encuestas figuran materias de seguridad pública, forma de Estado, seguridad social, relaciones internacionales, consentimiento indígena, promoción de la igualdad, recursos naturales y cuidado del medio ambiente.
Estos sondeos de opinión forman parte de la plataforma Sentido Constitucional (www.sentidoconstitucional.cl), un esfuerzo conjunto de la CCS, CADEM y la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica, y que tiene como objetivo contribuir al diálogo en torno a la nueva Carta Magna, a través de información de calidad para la opinión pública, de cara al plebiscito de salida y al proceso posterior a él.
La plataforma incluye, además de las encuestas, opiniones de expertos, comparadores de normas, análisis de sentimiento en redes sociales, entre otras herramientas, todo lo cual cuenta con la contribución de colaboradores especializados, como la agencia de comunicaciones estratégicas Azerta, el medio de verificación Fast Check y la empresa de inteligencia de negocios Retarget.
Seguridad Pública
Considerando el creciente grado de preocupación sobre los temas relacionados a hechos de violencia y seguridad, el último sondeo realizado sobre la figura del Estado de Emergencia en relación a la Constitución, un 76% de los encuestados opinó que éste debería quedar establecido en la nueva carta magna, mientras que un 21% adhirió a la propuesta de eliminarlo de ella. Esta preferencia, además, genera un consenso transversal, independientemente del género, grupo etario y socioeconómico, y posición en el espectro político.
Forma de Estado
Otro aspecto que ha generado gran interés e incluso polémica es el relacionado con la forma de Estado. En este punto, un 50% se inclinó por un Estado unitario, política, administrativa y fiscalmente descentralizado, mientras que un 43% adhirió a la propuesta sobre Estado plurinacional, incorporando la figura de las entidades territoriales autónomas.
Consentimiento indígena
Sólo un 16% optaría por la propuesta que lo incorpora relativo a las materias que afecten a los pueblos originarios, si bien un 44% opina que todos los ciudadanos sin distinciones deberían otorgar su consentimiento en materias que los afecten. Un 38% adicional, en tanto, dejaría esta tarea en manos de las autoridades elegidas democráticamente.
Por otro lado, un 37% de los encuestados opinó que las tierras indígenas deben ser tratadas de la misma forma que cualquier otro territorio del país, mientras que un 26% adicional piensa que deben ser protegidas, pero sin restituir aquellas que actualmente pertenecen a otros dueños. Un 34%, en tanto, está de acuerdo con la propuesta constitucional de que sean protegidas y además restituidas.
Relaciones Internacionales
El 16% concordó con la propuesta de privilegiar a América Latina y el Caribe como zonas prioritarias para Chile, mientras que un 45% se inclinó por privilegiar la relación con nuestros principales socios comerciales, como Estados Unidos, China y Europa. Poco más de un tercio, en tanto, considera que Chile no debería priorizar a ninguna región en sus relaciones internacionales.
Promoción de la igualdad
En cuanto a los postulados de participación en condiciones de igualdad sustantiva, una gran mayoría piensa que el Estado debe promoverla para todas las personas, sin importar género, etnia u otras condiciones particulares. Un 17%, en tanto, apoya la idea de promover la igualdad sustantiva de género en la sociedad.
Derecho a Propiedad y Expropiación
Otra materia que ha generado controversia se refiere a los cambios propuestos en lo relativo al derecho a indemnización en caso de expropiación de la propiedad privada. Al respecto, un 51% de los encuestados considera que ésta debería hacerse al precio denominado ‘justo', mientras que un 46% opina que debería ser a precio de mercado.
Seguridad Social
El 75% se alineó con una de las iniciativas populares de norma que logró mayor adhesión y que buscaba garantizar la propiedad de los fondos de pensiones individuales actuales y sus aportes futuros, considerando además que éstos fueran heredables. En tanto, sólo un 8% cree que se debería garantizar la propiedad de los fondos actuales, pero no su heredabilidad. Una proporción similar, en tanto, opinó que no es necesario garantizar la propiedad individual de dichos fondos.
Por otra parte, el 55% cree que la Constitución debería garantizar que las personas puedan elegir el tipo de salud que contratan con sus cotizaciones, mientras que un 43% prefiere que se garantice que estas últimas contribuyan a financiar solidariamente un sistema único nacional de salud.
Recursos Naturales y cuidado del Medio Ambiente
Otro tema candente se relaciona con la forma de proteger los recursos inapropiables permitiendo su acceso a ellos. En el caso del agua, el 68% se inclinó por un modelo similar al actual, en que el Estado otorga derechos o concesiones de uso, mientras que el 26% apoyó la propuesta de entrega de autorizaciones administrativas y temporales para su uso.
La protección de la naturaleza es materia de un creciente interés por parte de la sociedad, al punto que en la propuesta de nueva Constitución se le otorgan derechos, visión que es compartida por el 37% de los encuestados. No obstante, un 60% opina que la aproximación al cuidado de su sustentabilidad debiera provenir del derecho de las personas a un medio ambiente sano, adecuado y apto para su desarrollo integral.
Un 64% está de acuerdo con la creación de empresas estatales, pero estableciendo normas competitivas que aseguren su operación en igualdad de condiciones con las empresas privadas.
Un 31%, en tanto, no considera necesario establecer dichas reglas, permitiendo además la creación de empresas públicas a nivel municipal y regional.