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Ferepa Biobío se mostró a favor de anularla, aunque reconoce, al igual que Asipes, que actual marco legal muestra notorios avances para el sector, en particular en favor de la sustentabilidad de los recursos.
Debieron pasar cerca de diez años para que el esfuerzo por anular la actual Ley de Pesca pasara, finalmente, a segundo trámite constitucional. Esto tras la aprobación por parte de la Cámara de Diputados, con la abstención de gran parte de la bancada UDI y del partido Republicano, cuyo argumento fue el hecho de que el Congreso tiene facultades sólo para derogar leyes, no anularlas.
Las reacciones a nivel de la Región del Biobío provinieron, por una parte, de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes). Su presidenta, Macarena Cepeda Godoy, se mostró abierta a perfeccionar, participativamente, el actual marco, pero dejó en claro que el asunto de una eventual anulación está zanjado.
«La actual Ley de Pesca ha demostrado su valor en varios aspectos, particularmente en cuanto a conservación y recuperación de las especies. No obstante, creemos que es perfectible y, por lo tanto, estamos trabajando en aportar en la discusión que se va a desarrollar en materia legislativa. Su anulación se discutió el año pasado y quedó muy claro que no es una alternativa, porque se trataría de un retroceso para el sector pesquero. Lo que sí está claro es que antes hay que trabajar una nueva legislación con todos los actores».
Por su parte, el presidente de la Ferepa Biobío, Hugo Arancibia, se mostró preocupado con la aprobación, toda vez, dijo, esto genera incertidumbre en el sector.
“No sabemos en qué condiciones se aprueba esto, ya que de anular definitivamente la ley, se pueden generar situaciones como la carrera olímpica, la presión de las cuotas, la apertura de los registros, todo lo cual puede producir un impacto negativo bastante grande. De no prever un decreto que debe continuar la actividad con los principios de la ley anterior o la nueva, tanto la pesca artesanal como industrial queda en un limbo, siendo lo más grave que se pone en juego la sustentabilidad del recurso, ya que, de eliminarse a secas, quedamos en cuota libre desatándose la citada carrera olímpica”.
Consultado sobre cuáles deberían ser los pasos por seguir, Arancibia sostuvo que lo óptimo sería regirse por la actual hasta que esté la nueva ley, de lo contrario no hay muchos más mecanismos adicionales.
“Recordemos que el actual cuerpo legal es el que renueva los Registros Pesqueros Artesanales, las áreas de manejo y las licencias pesqueras, y ahí se produciría un vacío legal bastante preocupante para el sector pesquero chileno. Yo estoy a favor de eliminarla, por corrupta, pero yo añadiría un espacio que permita tener regulada la actividad en el tiempo. Pero hasta ahora no sabemos bien qué pretende el Gobierno en este asunto, pero confiamos que se lleve a cabo un proceso participativo para sacar una nueva buena ley, resguardando logros alcanzados por el sector artesanal, como el respeto a la milla y el establecimiento de cuotas por un comité científico. Esta ley es buena, pero lamentablemente se echa abajo por la corrupción detectada”.
Nueva discusión sobre la propiedad
El biólogo marino y ex miembro del Consejo Nacional de Pesca, Eduardo Tarifeño, recordó que uno de los argumentos más firmes de los que se opusieron a la Ley Longueira, es que ella favorecía al conglomerado de las llamadas siete familias del negocio de la pesca (Angelini, Sarkis, Stengel, Cifuentes, Jiménez, Izquierdo y Cruz) que representaban el 76% de la capacidad pesquera nacional.
“Esto significaba que recibieran anualmente utilidades de cerca de 3 mil millones de dólares por la explotación de los recursos pesqueros a los cuáles tenían accesos privilegiados. Sin embargo, esta situación de plena legalidad en el papel, estaba muy alejada del discurso público de explotación pesquera sostenible”.
Para Tarifeño, no hay dudas que la discusión de la ley que reemplazará la Ley Longueira pondrá nuevamente sobre la mesa el tema de la propiedad de los recursos pesqueros, “con el manoseado argumento que si ellos son de todos los chilenos, nadie los cuida y protege, y por lo tanto, es mejor que sean de alguien, vía licitación o cesión de derechos de propiedad, para protegerlos a través de una explotación controlada. El problema ha sido siempre que los intereses de lograr la mayor rentabilidad de capital, ha llevado al agotamiento y sobrepesca de varios de las principales pesquerías, sin escuchar ni atender a los informes científicos técnicos que indicaban los volúmenes máximos para las cuotas de pesca”, sostuvo el Biólogo Marino, Ph.D., Eduardo Tarifeño.
Por ello, apuntó, la nueva legislación debe dar más relevancia a la función que cumplen actualmente los Comités Científicos Técnicos (CCT) Pesqueros de indicar los Puntos Biológicos de Referencia y el rango dentro del cual el Ministerio de Economía debe fijar las cuotas anuales de pesca. Los CCT deben ser los que propongan en forma vinculante, los volúmenes de las cuotas anuales de pesca para los recursos pesqueros sujetos a explotación.
Por otra parte, agregó Tarifeño, respecto a la acuicultura, especialmente la salmonicultura, se deben fortalecer, dijo, los sistemas de control para que los volúmenes de producción cumplan los niveles autorizados, y especialmente, que los procesos productivos no afecten al medio ambiente marino creando zonas anóxicas debajo de las jaulas de cultivos.
“Entre las sanciones que deben ser aplicadas en casos de no cumplimiento de estas condiciones, no sólo deben ser pecuniarias, sino que también con la caducidad permanente de las respectivas concesiones involucradas y la inhabilidad permanente de los profesionales involucrados para ejercer en el sector pesquero”, sentenció.
