Guillermo Troncoso Vidal, abogado experto en quiebras e insolvencias, explicó las razones para modificar esta ley luego de 8 años de su entrada en vigencia.
Desde el año 2014 está vigente en Chile la Ley de Reorganización y Liquidación de activos de Empresas y Personas, la cual ha permitido a quienes se encuentran en crisis financiera, salir de su situación de endeudamiento y reemprender a través de herramientas legales según sean micro, pequeñas, medianas o grandes empresas, personas jurídicas sin fines de lucro y naturales.
Luego de 8 años, actualmente se tramita en el Senado el proyecto de ley, ingresado durante el gobierno anterior, que moderniza los procedimientos concursales contemplados en la Ley N.º 20.720, y crea nuevos procedimientos para micro y medianas empresas.
A grandes rasgos, en el ámbito de las reorganizaciones, este proyecto busca agilizar y simplificar los procedimientos de reorganización actualmente vigentes y crear otros simplificados de rápida tramitación y bajos costos para dichas empresas. Como cuestiones positivas, destaca la eliminación de la categoría de Empresa Deudora respecto del contribuyente que emite boletas de honorarios, lo que sin duda constituye una reparación a un problema que se venía arrastrando desde la dictación misma de la ley. Asimismo, se crea un sistema específico para micro y pequeñas empresas, haciéndolo accesible y procurando democratizar su utilización.
Sobre este proceso, Guillermo Troncoso Vidal, abogado experto en quiebras e insolvencias, comentó a TradeNews.cl, comentó que la ley 20.720, representa un importante avance en materia de acceso y celeridad en relación a la antigua ley de quiebras. Sin embargo, a casi 9 años desde su entrada en vigencia se evidenciaron una serie de distorsiones que requieren ser subsanadas, y mejoras que requieren ser implementadas.
– ¿Ha sido una ayuda para las empresas, especialmente, las micro y pequeñas?
-Ha sido una importante ayuda para deudores en crisis. Sin embargo, el procedimiento de reorganizaciones para micro y pequeñas empresas es caro, lo que se traduce en impedimentos de acceso, como la exigencia de un certificado de deudas emitido por un auditor registrado en la CMF y los honorarios del veedor.
-En el caso de las personas ¿qué tal ha funcionado?
-El procedimiento de liquidación de personas es el que más ha mostrado sus falencias. La falta de regulación ha permitido un uso abusivo de la insolvencia como un método para eludir el pago de deudas en perjuicio de acreedores, y del sector financiero. Por otro lado, los administradores del procedimiento (liquidadores) se han visto obligados a prestar sus servicios, muchas veces sin recibir honorarios a cambio, por tratarse de procedimientos sin bienes.
-En el Senado se están tramitando modificaciones. ¿Es efectivo que se busca agilizar el proceso y hacerlos más simples? Con estos cambios, ¿cuánto tardaría en resolverse la quiebra o reorganización
-Se trata de una reestructuración simplificada, que tiende a atenuar las dificultades de acceso que existen hoy. Sin embargo, el proyecto insiste en analizar la insolvencia como un fenómeno esencialmente judicial, y no se ha entregado ningún tipo de incentivo a la banca ni a los acreedores para colaborar con deudores que enfrentan una situación transitoria de cese de pagos.
– ¿Qué importancia tiene la eliminación de la categoría Empresa Deudora?, ¿qué implicancias tiene?
-La categoría de empresa deudora, impedía a personas naturales que hubieran emitido boletas acceder a reestructuraciones de pasivo efectuadas ante la Superintendencia de Insolvencia. Se trataba sin duda de una discriminación que carecía de fundamento, su eliminación es sin duda un avance.
-Lo otro ¿qué relevancia o en la práctica tiene la creación de un sistema específico para micro y pequeñas empresas haciéndolo accesible?
– Es esencial. Las micro y pequeñas empresas representan casi el 99% de las empresas en Chile y si bien tenían un procedimiento en el denominado estatuto PYME, se trataba de una ley olvidada y casi sin aplicación. La creación de un procedimiento ágil y accesible para deudores de esta categoría, sin duda representa un avance, pero sin la creación de sistemas de financiamiento especiales como el Debtor-in-Possession Financing norteamericano, será letra muerta.
