El titular de la cartera de Economía inició su visita a la región con un encuentro con gremios, ejecutivos y actores sociales invitado por Irade. Anunció allí la creación de una institucionalidad que de valor a los diálogos entre el mundo privado y las comunidades frente al desarrollo de proyectos.
Las principales tareas de corto y largo plazo fueron las que detalló el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau ante ejecutivos, empresarios y dirigentes gremiales del Biobío, en el encuentro convocado por Irade; “Agenda 2022: Hoja de ruta y prioridades”, cuyo objetivo era conocer la carta de navegación del nuevo gobierno en materia económica.
Según describió, la gestión se abordará con unas metas de corto y de largo plazo. En el corto plazo, dijo, hay una situación compleja “de la que vamos saliendo con mucha dificultad y por eso el plan Chile Apoya, apunta a lograr una recuperación, inclusiva, para los sectores que fueron quedando más rezagados por la pandemia, como las Mipymes y el turismo, con programas de financiamiento a través de Corfo o Fogape y /o subsidios especiales.
A más largo plazo son los mismos desafíos que había antes del 2019 y que son la crisis climática, la productividad y los derechos sociales. En relación con lo primero señaló que el Estado ha hecho un compromiso con la meta de alcanzar la carbono neutralidad al año 2050. “Esta es una materia que esta administración avala y mantiene e implica ir viendo cómo sortear las dificultades que esta crisis genera al país, donde el cambio de clima o la falta de agua van a exigir, por ejemplo, modificar la forma en la que hoy se produce y va a requerir nuevas inversiones en infraestructura”.
Sobre la productividad, que lleva más de 10 años estancada en Chile, indicó que “si seguimos haciendo lo mismo, eso no va a cambiar. Por lo tanto, hay que construir un camino con una visión común que nos permita agregar más valor, hacer más innovación en las distintas empresas y eso requiere de la articulación público-privada”.
DE LOS DERECHOS SOCIALES
Respecto a los derechos sociales y desigualdad, el secretario de Estado, sostuvo que “los distintos elementos económicos que están detrás de la crisis socio- política que vivimos a partir del estallido, implican la expansión de derechos sociales, que las personas tengan certezas en su día a día, que tengan seguridad, y que sepan que si cuando lleguen a viejos van a tener una buena pensión y que si se enferman van a tener una atención adecuada. Esas son tranquilidades básicas que requieren las personas y que nosotros creemos que Chile tiene el nivel suficiente de desarrollo como para poder asegurar aquello”, precisó.
Luego vino una ronda de preguntas a cargo de la gerenta general de Irade, Carolina Parada. La primera de ellas relacionada con su visión sobre la Región y, en ese sentido, Grau dijo que hay que tener conversaciones bien pragmáticas con todos los sectores productivos y ver donde están los cuellos de botella y las trabas que tienen para su desarrollo; si dependen de capital humano, del acceso al financiamiento o la competencia externa y ahí ver qué es lo que puede hacer la política pública. Es el mundo privado el que mejor los conoce, entonces, precisó, hay que generar estos puentes para que el sector público pueda ofrecer la capacidad de solucionarlos.
También hubo tiempo para algunas preguntas y ahí intervino Alex Ramos, gerente general del Consorcio Eólico, quien consultó sobre qué tan fuerte es la determinación del gobierno para contribuir a resolver el conflicto entre las comunidades y las empresas mencionando que en la región del Biobío hay 1.000 MW por desarrollar, un potencial energético necesario para avanzar hacia la carbono neutralidad, y qué tan disponibles están para contribuir en el diálogo sabiendo, además, que muchas veces las comunidades están disponibles para conversar, pero que también tienen asesores que poco interés tienen en el desarrollo, sino más bien en el activismo.
INSTITUCIONALIDAD PARA EL DIÁLOGO
A lo anterior, el ministro Grau respondió que la experiencia de otros países muestra que los procesos de permisos tienen más participación de la comunidad sobre todo en las etapas tempranas, el proceso es más rápido y con más certezas, porque se descarta pronto cuando es poco viable y el estándar medioambiental no es más bajo, por lo tanto, el inversionista no pierde. “Pareciera entonces, que nuestro diseño no es el adecuado. A veces se caen proyectos al final y las comunidades tampoco sienten que tengan una participación activa”.
En esa línea, anunció que durante este año se trabajará en avanzar de manera más decidida en la participación temprana en la discusión de los proyectos y con el apoyo del Estado en ese proceso de diálogo. Esto permitirá a las comunidades dar su opinión en el diseño inicial más general de los proyectos, las va a involucrar y ya cuando el inversionista empiece a hacer los diseños del proyecto que pueden significar millones de dólares ya exista esa certeza de que la comunidad va a estar de acuerdo en ese proceso en cuatro o cinco años después.
Informó, además, que durante este año también se generará una institucionalidad que ayude a las partes a ponerse de acuerdo. Esto funciona, detalló, con un procedimiento de diálogo inicial que tiene ciertos facilitadores del mundo privado, que están registrados, pero que están articulados por una oficina pública que provee estos facilitadores a ese proceso de conversación, institucionalizando el diálogo entre el mundo privado y la comunidad a la hora de discutir los proyectos. “La gracia de eso es que ese diálogo tiene un valor, queda registrado, por lo tanto, desde su construcción el tema es muy territorial, por ese diálogo tiene que ser en el lugar donde se pretende levantar un proyecto”, cerró.
